El jesuita

   Las declaraciones del Papa están alimentando un entusiasmo incomprensible. No hay motivo para el regocijo. Lo menos que cabe esperar de cualquier persona razonable es que respete la sexualidad de los demás. ¿Por qué algo indispensable para una convivencia civilizada es saludado como un alarde de magnanimidad?
   Los creyentes sabrán; a fin de cuentas, la fe es asunto privado. Sin embargo, un extremo de lo dicho por el Papa sí nos afecta a todos, cuando menos a los españoles. Y es su afirmación sobre la conveniencia de que el Estado sea laico, desideratum que no puede sino despertar indignación, pues lo lógico es que a tamaña obviedad le hubiera seguido la inmediata solicitud de rescisión, por parte de la Santa Sede, del Concordato suscrito con el Estado español, el cual, entre otros privilegios, proporciona a la Iglesia ingentes subvenciones, la exime del pago de numerosos impuestos y pone a su disposición la educación pública para adoctrinar en la fe a las nuevas generaciones.
   El Papa presume de austero, se muestra tolerante con los gays y asegura que el Estado debe ser laico. La opinión pública, cristiana, atea, homo, hetero y transexual, lo celebra con alborozo. Pero el Concordato ahí sigue, intacto, desangrando cristianamente el erario. No en vano, jesuitismo es sinónimo de hipocresía.

Publicado en La Opinión de Murcia, 26/9/2013.

Una humilde propuesta

   Votar en unas elecciones con la ley electoral vigente equivale a arriesgar una fortuna al póker sabiendo que la partida se juega con cartas marcadas. Sólo un suicida o alguien tan tonto como para creer que así la baraja puede beneficiarle, jugarían en tales condiciones.

   Uno se devana los sesos pensando entonces qué hacer, y concluye desesperado que las reglas quizá cambiaran si IU y UPyD acudiesen a las próximas elecciones generales defendiendo un programa común muy sencillo, donde se exponga hasta el último detalle una ley electoral que establezca un sistema proporcional y el gobierno prometa limitarse exclusivamente a sustituir la actual norma por ésta para convocar de inmediato nuevas elecciones, ahora sí, limpias, y nada más. Esto, seguramente, es imposible. Sin embargo, la política española ha alcanzado tales cotas de aberración que ya sólo resulta deseable lo imposible.

   Naturalmente, una ley electoral justa no garantizaría una legislatura justa. Antes al contrario, es probable que pusiera de manifiesto sin trucos, en su verdadera y más terrible dimensión, la infinita estupidez de los españoles. Pero acaso lo que con más urgencia necesitemos sea enfrentarnos de una vez por todas a lo que somos.

Publicado en La Opinión de Murcia, 19/9/2013.

Montesquieu se retuerce en su tumba

   Los partidos políticos actúan como organizaciones criminales. Así se desprende del art. 570 bis del código penal* y de los incontables casos de corrupción que jalonan sus trayectorias pese a los golpes perpetrados contra la independencia judicial. La ley orgánica del poder judicial de 1985 sentó las bases de lo que sucesivos gobiernos no han hecho sino perfeccionar. El actual, sin ir más lejos, protege a los corruptos manteniendo el aforamiento de diez mil cargos públicos, indultando arbitrariamente y promoviendo una ley de enjuiciamiento criminal que adjudicará la investigación de delitos a Fiscalía, institución jerárquica cuyo jefe propone el ejecutivo. Ha liquidado la independencia judicial reformando el órgano de gobierno de los jueces para otorgar a los partidos más poder en la designación de sus miembros, como si no bastara el que ya ostentan sobre los Tribunales Supremo y Constitucional. Acentúa el carácter kafkiano de la justicia mermando sus recursos y entorpeciendo los procedimientos con las nuevas leyes de planta judicial y de servicios y colegios profesionales. Y cercena derechos fundamentales mediante la ley de tasas -que somete a precio la tutela judicial efectiva- y una inminente reforma del código penal que permitirá al Estado vigilar y castigar aún más severamente a los ciudadanos.

Publicado en La Opinión de Murcia, 12/9/2013. 

* El código penal español, tipifica de la manera siguiente el artículo 570 bis:

«1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas.

2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la organización:

• a) esté formada por un elevado número de personas.
• b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.
• c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.

Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en grado.

3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.»